En relación con esta cuestión, la vigente regulación legal española [Ley aprobada mediante Real Decreto 1/1996] establece que todo aquél que tenga interés en usar un programa de ordenador deberá dirigirse a su autor/a -o a la persona a quien éste/a haya cedido sus derechos de explotación- en orden a obtener la correspondiente autorización. De no hacerlo, su conducta podría ser considerada una infracción de los derechos de autor.

Sin embargo, esos derechos no son absolutos, sino que tienen determinados límites legales. Respecto de los programas de ordenador, la Ley establece un régimen jurídico propio en el que esos límites son más restringidos que para el resto de las obras de Propiedad Intelectual. De hecho, para poder usar un programa de ordenador sin la correspondiente autorización no bastará con reproducir el mismo [entendiendo por tal, la acción de descarga, ejecución, transmisión o almacenamiento] con carácter provisional o en un ámbito privado, académico y/o científico, sin fines comerciales o lucrativos y de forma individual, como ocurre con el resto de creaciones intelectuales. Para los programas de ordenador se exige, además, que el uso que se realice sea de la copia adquirida directamente al titular de ésta.

No obstante, la doctrina científica y jurisprudencial viene estableciendo que la protección otorgada por los derechos de autor -incluyendo los referidos indicados límites legales- no puede ni debe autorizar pretensiones abusivas. De ese modo, a la hora de analizar el uso realizado y no autorizado debe tomarse en especial consideración el impacto o la incidencia que éste ha tenido en la esfera económica del titular de los derechos que se derivan del mismo. Es lo que se denomina como “ius usus inocui”; es decir “derecho al uso inocuo” de un derecho ajeno.ius usus inocui“; i.e. “right to the harmless use” of another’s right. 

Este criterio tiene su expresión, entre otras, en la STS de 29/04/2009, en la de 14/03/2003 y en la de 20/03/1989; y, en materia de derechos de autor, en la de 03/04/2012. En esta última, el Tribunal Supremo indicó que la doctrina del derecho al uso inocuo de un derecho ajeno encuentra su manifestación en una de las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual; en particular, en el Art. 40.bis, en el que se establece que “los artículos del presente capítulo [límites a los derechos de autor”] no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran”.”.